Bajo el MPP, los solicitantes de asilo que llegan a la frontera sur han sido enviados de vuelta a México para esperar las audiencias judiciales en condiciones precarias, con acceso limitado a la representación legal. El programa viola el debido proceso y los derechos humanos, especialmente desde marzo de 2020, cuando se suspendieron las audiencias del MPP debido a la pandemia de COVID-19. A pesar de esto, la administración Trump continuó aplicando el MPP, enviando a más de 5,500 individuos de regreso a México durante la pandemia.
Aunque el número exacto de solicitantes de asilo que siguen en el MPP es incierto, se cree que es significativamente inferior a 20.000. Muchos han recibido órdenes de expulsión o se han visto obligados a abandonar sus solicitudes de asilo. Además, se han documentado al menos 1.314 delitos violentos contra participantes en el MPP, y varias personas, entre ellas un niño, han muerto tras ser devueltas a México.
Para proteger a las personas que siguen en México en el marco del PPM, el gobierno de Biden debería asignar recursos a los puertos de entrada para procesar a las personas con casos pendientes en el marco del PPM. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) puede conceder la libertad condicional a los participantes en el MPP, permitiéndoles volver a entrar en Estados Unidos. Sin embargo, la labor de la administración no termina con el desmantelamiento del MPP. Las personas ya deportadas en virtud del MPP deben tener una segunda oportunidad de protección en Estados Unidos. La administración Biden podría hacerlo posible designando a estas personas como elegibles para el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos.
Para restablecer el asilo en la frontera no basta con revocar el MPP. La administración Biden debe abordar otras políticas que obstruyen el acceso al asilo, como el uso de una oscura ley de salud pública para expulsar a los inmigrantes recién llegados durante la pandemia de COVID-19 y la aplicación de “medición” o listas de espera para los solicitantes de asilo en los puertos de entrada. Además, la administración debería poner fin a los “Acuerdos de Cooperación en materia de Asilo” con Guatemala, Honduras y El Salvador, que permiten a Estados Unidos enviar a personas a estos países en busca de asilo, a pesar de su incapacidad para proporcionar una protección adecuada.
Para construir un proceso de asilo más compasivo en la frontera, la administración Biden debe poner fin a la práctica de detener a decenas de miles de solicitantes de asilo anualmente y restaurar el acceso al sistema de asilo. Las Oficinas Legales Nido Nylund se dedican a ayudar a las familias inmigrantes a navegar por estos desafíos y abogar por un sistema de inmigración justo y humano. Si usted o alguien que usted conoce se enfrenta a dificultades debido a los Protocolos de Protección de Migrantes, póngase en contacto con nuestros abogados de inmigración con experiencia para la asistencia y orientación.
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